Privilegios de la Administración Tributaria

Privilegios de la Administración Tributaria 

Antes de exponer algunos de ellos, decir que los privilegios ponen en tela de juicio la pretendida situación de igualdad, en la relación Administración /Contribuyentes ( en la cual ya nadie creee), aunque  en muchos de ellos, el desequilibrio es fruto del irregular funcionamiento de la Administración tributaria.

A "Grosso modo", podemos definir las siguientes situaciones irregulares ( ánimo a los lectores a que en sus comentarios amplien el espectro ) :

a) El severo régimen "sancionador” que se aplica a los ingresos realizados fuera de plazo, por parte de los contribuyentes, frente a la ligereza y escasa diligencia con que la Administración resuelve los expedientes de devolución de “ingresos indebidos”. Una desequilibrio nada razonable.

b) La práctica generalizada de realizar ingresos a cuenta, en un importe que, normalmente, excede la deuda tributaria final, dando origen a tardías devoluciones, con un perjuicio financiero claro para el contribuyente. Ajustar mucho mas ambos es perfectamente factible, algunas declaraciones de responsables de la Administración con el ministro a la cabeza, reconocen claramente que es una financiación a bajo coste a la que no van a renunciar.

c) La distinta cuantificación de los intereses de demora, dependiendo de quien sea el acreedor, si Administración o contribuyente.

d) La demora en la tramitación y resolución de los expedientes administrativos, con un sistemático incumplimiento de los plazos previstos en las Leyes, frente a las consecuencias “irreparables” que para los contribuyentes se derivan del incumplimiento equivalente. Que a mi juicio es especialmente exasperante.

e) La práctica de embargos indiscriminados, sin las mínimas garantías. Un punto con el que se deberia ser especialmente cuidadoso, por los daños que pueden causar y que estan causando. Desde dejar a una sociedad sin saldo para liquidar otras deudas tributarias o las propias nóminas de los trabajadores a particulares que no pueden pagar su hipoteca o llegar a fin de mes.

f) La generalización de las denominadas “autoliquidaciones”, que exigen del contribuyente un profundo conocimiento de una materia tan compleja como la tributaria, frente a la rigurosa y, por qué no decirlo, prepotente actuación “a posteriori” de la Administración. Un caldo de cultivo propicio para generar sanciones.

g) Las exorbitantes facultades que la Ley concede a la Administración para obtener información de terceros, muchas veces por asuntos sin trascendencia tributaria, y que, en ocasiones, trasgreden el derecho a la intimidad.

h) Unos Tribunales Económico-Administrativos que se integran dentro de la estructura del propio Ministerio de Hacienda y que deben resolver las reclamaciones planteadas por los contribuyentes, con carácter previo a la vía judicial. Una sistemática demora en la resolución de las reclamaciones y la ausencia de verdaderas garantías de imparcialidad, suponen un obstáculo al acceso inmediato a los Tribunales de Justicia, independientes del poder ejecutivo.

"Tribunales", en los cuales se ha venido observando una deriva en cuanto a sus resoluciones cada vez mas favorable a la Administración.

i) La extendida práctica de los actos previos de inspección que, teóricamente, implican una interrupción del período de prescripción, que atenta claramente contra unas elementales garantías del contribuyente.

La complejidad del sistema tributario y el funcionamiento, en ocasiones irregular, de la Administración, exigen abordar en profundidad una reforma tributaria no ya en los términos de eficiencia en cuanto a la recaudación sino que permita establecer un marco de garantías, derechos y obligaciones de los contribuyentes, en un razonable plano de igualdad, con los derechos y garantías de la Administración.

Sentirse cómodo con un marco razonable, de obligado cumplimiento para ambas partes; ayudaria y mucho a mejorar la percepción del ciudadano/contribuyente, que con un contexto económico deprimente siente una especial presión fiscal ( al margen de estadísticas ) con un marco legal a mi juicio inaceptable.