Las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% el pasado año
Las denuncias por delito fiscal cayeron un 33,7% el pasado año, hasta situarse en 226, según datos recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de la memoria de la Agencia Tributaria, de la que también se desprende que durante el pasado ejercicio se tramitaron 72 expedientes por blanqueo, un 46% menos que en 2015.
Estos datos ratifican la denuncia realizada por los técnicos ante la presentación pública de los resultados de la lucha contra el fraude, en marzo pasado, al afirmar que tras la opacidad pudiera ocultarse el desplome de las denuncias por delito fiscal de la AEAT, que en 2011 llegaron a alcanzar la cifra récord de 1.014.
Paradójicamente la caída de las denuncias por delito fiscal coincide, con escándalos como el de los Papeles de Panamá, el de Football Leaks o el de los Papeles del Paraíso, lo que evidencia que los casos de fraude más que reducirse han ido en aumento.
Causas
Los técnicos atribuyen este desplome a cuatro motivos claros:
la limitación de sus competencias en la lucha contra el fraude, que les impide completar la investigación sobre los delitos, simulaciones, conflictos o fraudes de ley que descubren;
la orden de la AEAT de realizar básicamente investigaciones parciales;
la amnistía fiscal de 2012, ya anulada por el Tribunal Constitucional;
y la modificación del artículo 305 del Código Penal.
Cuatro causas que, según el colectivo, complican el descubrimiento de fraudes superiores a los 120.000 euros, cantidad a partir de la cual se configura el delito fiscal.
Soluciones
En este contexto, Gestha reitera la necesidad inaplazable de un plan de lucha contra el fraude fiscal realista y eficiente, con el que, según sus estimaciones, se podrían recaudar a medio plazo hasta 40.000 millones.
Entre las principales medidas que podrían lograr mitigar las cifras actuales de fraude y evasión, los Técnicos destacan tres: la reorganización del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Tributaria (AEAT) con estructuras más horizontales y una capacidad de decisión más compartida, el aumento de las responsabilidades de la plantilla con exigencia de su cumplimiento, así como la dotación de más medios a la AEAT, ya que actualmente sólo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de ciudadanos (860)
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