El Gobierno aplicará una tasa del 3% sobre determinados servicios digitales
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El impuesto sobre determinados servicios digitales supone un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por servicios de publicidad online, servicios en los que se intermedie entre una empresa y el cliente por Internet y la venta de datos de usuarios. Este afectará a compañías con una facturación global de 750 millones e ingresos en España que asciendan al menos a tres millones. A pesar de que Bruselas consideraba que se podrían recaudar unos 5.000 millones con este impuesto en toda la UE, el Gobierno cifra su recaudación en España en 1.200 millones. Y lo justifica porque reduce los umbrales para tributarlo; una cuantía que supera en más de tres veces las previsiones de recaudación más optimistas de la Comisión Europea para esta figura.
Según el análisis de impacto que elaboró el Ejecutivo comunitario cuando presentó su propuesta para la Unión Europea, los 28 recaudarían 4.800 millones de euros al año si aplicasen ese impuesto. Esto significa que los 1.200 millones de euros que confía recaudar Hacienda equivaldrían al 25% de todo lo que la Comisión Europea espera que un impuesto de este tipo recaude en toda la UE, cuando el PIB español representa solo el 7,5% del total.
Para UE, esas estimaciones ya se consideraban optimistas. En primer lugar porque toma la referencia de recaudación bruta del impuesto y en segundo, porque se trata de una aplicación unilateral por parte de un país, no una implementación conjunta a 28.
Yendo por libre hay más riesgo de que las multinacionales desplieguen mecanismos de planificación fiscal agresiva junto con otras filiales en la UE para reducir su factura fiscal que si todos los países comunitarios desarrollan a la vez la medida.
Sanción por ocultar o falsear la IP
El Gobierno prevé un régimen sancionador específico para disuadir a las empresas que intenten eludir el pago de este nuevo gravamen. En concreto, en el plan presupuestario enviado a Bruselas, Hacienda señala que castigará "la realización de cualquier acción u omisión que implique el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización o prueba determinantes del lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales".
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