Suspensión de reglas fiscales

El Gobierno aprueba el acuerdo del límite de gasto no financiero que suspende, siguiendo las recomendaciones europeas, las reglas fiscales

Las reglas fiscales son limitaciones a largo plazo sobre la política fiscal para garantizar la credibilidad del compromiso con la disciplina fiscal. Establecen límites numéricos sobre un agregado presupuestario (por ejemplo, nivel de deuda pública, déficit, crecimiento del gasto público). Estas limitaciones son útiles para abordar la tendencia al déficit (que puede dar lugar a niveles excesivos de deuda) y las políticas procíclicas (que exacerban los ciclos económicos), lo que en última instancia contribuye a promover políticas fiscales más prudentes y estabilizadoras.

Al mismo tiempo, las reglas fiscales deben ser lo suficientemente flexibles para hacer frente a shocks económicos inesperados o de otro tipo de gran magnitud (Eyraud et al., 2018).

Esta flexibilidad es especialmente pertinente en el caso de eventos excepcionales que pueden tener profundos efectos fiscales y económicos, como la actual pandemia, y probablemente requieran la activación de cláusulas de escape para permitir desviaciones temporales de las reglas.

La medida suspende los objetivos de déficit, ahorrando al Gobierno el debate sobre la senda fiscal y permitiendo a los ayuntamientos gastar 14.000 millones en remanentes

En un escenario de pandemia mundial, la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, que también se prorrogará en 2021. Esta medida permite a los Estados miembro dejar en suspenso la senda de consolidación fiscal aprobada antes de la crisis.

Siguiendo esas directrices de las autoridades comunitarias, el Gobierno de España ha aprobado hoy suspender las reglas fiscales en 2020 y 2021. Se trata de una medida que han adoptado otros países europeos y que también ha recibido el beneplácito del FMI.

Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Ministros ha suspendido la senda y los objetivos de estabilidad aprobados por el Gobierno en febrero y que han quedado absolutamente desfasados por el impacto de la crisis.

La suspensión de las reglas fiscales, además de ir en la misma dirección que la adoptada por la UE, es una medida amparada por la Constitución Española y por la Ley de Estabilidad. En concreto, el artículo 135.4 de la Carta Magna recoge esta suspensión en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Por tanto, el Consejo de Ministros ha solicitado al Congreso que declare si España se encuentra en uno de esos supuestos recogidos en la Constitución y que habilitan la suspensión de las reglas fiscales. La ministra de Hacienda ha mostrado su confianza en que la Cámara Baja no tendrá dificultades en pronunciarse a favor de una medida que “dota a las administraciones públicas de la flexibilidad suficiente para abordar la crisis sanitaria, social y económica”.

Sin embargo, la titular de Hacienda ha dejado claro que la suspensión de las reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal. De hecho, la ministra Montero ha resaltado que el Gobierno no renuncia a la estabilidad presupuestaria ni tampoco al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos Generales.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha explicado que, pese a no existir unos objetivos de estabilidad para el próximo año, sí que se han establecido unos déficits de referencia basados en la previsión de crecimiento y que deben servir como guía para elaborar las cuentas públicas a cada una de las administraciones.

Acuerdo del Consejo de Ministros ha para establecer el límite de gasto no financiero del Estado para 2021,