El Supremo facilita IVA reducido en viviendas

El Tribunal Supremo ha suavizado los requisitos para aplicar el IVA reducido del 10% en la compra de edificios destinados a vivienda habitual, facilitando así el acceso a la vivienda y reduciendo cargas fiscales.

Contexto y Motivación de la Sentencia

El objetivo central de la medida es facilitar el acceso a la vivienda, en consonancia con la finalidad de la Ley del IVA y las directrices establecidas a nivel europeo. Durante años, la Agencia Tributaria había exigido que, para que las empresas pudieran beneficiarse del tipo reducido del 10%, fuera imprescindible acreditar la existencia de la cédula de habitabilidad o la licencia administrativa de ocupación. Este requisito, sin embargo, presentaba ciertas dificultades y disparidades, dado que la obtención de dichos documentos depende de competencias autonómicas y puede variar en función de la normativa local, lo que, en algunos casos, limitaba la aplicación uniforme de la medida.

El Tribunal Supremo, a través de su ponencia a cargo del magistrado Isaac Merino Jara, consideró que dicha exigencia resultaba excesiva y contraria al espíritu de la norma, la cual persigue garantizar que los bienes inmuebles sean destinados efectivamente a vivienda habitual. De esta manera, la sentencia se alinea con la Directiva Europea, interpretando que el simple hecho de que un edificio esté concluido y destinado a convertirse en residencia permanente es suficiente para acogerlo dentro de la categoría de “vivienda apta”.

Requisitos y Criterios Establecidos

La sentencia fija de manera clara los requisitos para que un edificio pueda beneficiarse del IVA reducido:

1. Finalización del Inmueble:
   Es fundamental que el edificio esté completamente terminado. La condición de “inmueble acabado” implica que se ha concluido la fase constructiva y que el bien está preparado para su ocupación. En caso contrario, si aún se encuentra en proceso de construcción, se consideraría que se trata de un bien en desarrollo, lo que le impide encajar en la figura de “vivienda habitual” según la normativa aplicable.

2. Transmisión de la Propiedad:
   La operación debe implicar la transferencia de la titularidad del bien. Esto quiere decir que se descarta la posibilidad de que la operación se limite a la prestación de servicios relacionados con la construcción o rehabilitación, ya que el objetivo es favorecer aquellas operaciones en las que se produce el cambio de propietario, permitiendo que el adquirente pueda disponer del inmueble para su uso como residencia.

3. Destino Residencial:
   Se debe acreditar que el inmueble está destinado a ser utilizado como vivienda habitual. Esto implica que la finalidad del inmueble es ser el hogar permanente de una persona o familia, en contraposición a otros usos, como pueden ser los pisos turísticos o los inmuebles destinados a fines comerciales.

Al no exigir expresamente la presentación de la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, el alto tribunal ha simplificado el procedimiento, evitando que se impongan barreras administrativas que podrían entorpecer el acceso a este beneficio fiscal.

Implicaciones Prácticas y Proyecciones Futuras

La consecuencia inmediata de esta interpretación doctrinal es que las empresas que compren edificios destinados a vivienda habitual podrán aplicar el tipo reducido del 10% del IVA sin tener que superar requisitos administrativos adicionales, siempre y cuando se cumplan los criterios básicos anteriormente expuestos. Esto implica además que, en aquellos casos en los que se haya aplicado por error el tipo general del 21%, la Administración Tributaria tendrá la obligación de proceder a la devolución de la diferencia, junto con los intereses correspondientes, evitando así un enriquecimiento indebido.

Desde un punto de vista práctico, la sentencia tiene el potencial de dinamizar el mercado inmobiliario al incentivar la inversión en proyectos residenciales, al tiempo que se alinea con las políticas de fomento del acceso a la vivienda. Además, esta interpretación puede servir como precedente para futuras controversias en materia fiscal, aportando mayor certeza jurídica a las empresas y contribuyendo a una aplicación más homogénea del régimen del IVA en el ámbito de la vivienda.

Finalmente, expertos en derecho tributario y fiscal consideran que esta medida, al simplificar y flexibilizar los requisitos, representa un avance importante hacia una legislación más accesible y coherente con los objetivos sociales de la normativa. No obstante, algunos analistas señalan la necesidad de mantener un equilibrio entre el fomento del acceso a la vivienda y la garantía de una recaudación fiscal justa, por lo que se estará pendiente de la evolución de la interpretación y de la aplicación práctica de este criterio en futuros casos.

En definitiva, la sentencia del Tribunal Supremo supone un cambio significativo en la interpretación del artículo 91 de la Ley del IVA, eliminando barreras administrativas que, hasta ahora, dificultaban la aplicación del tipo reducido para viviendas habituales, y reafirma el compromiso de la normativa fiscal con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.