• Hacienda aumenta sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal con un plan de inspecciones que se centra en las comunidades de vecinos, los alquileres sumergidos y todo tipo de celebraciones cotidianas, desde bodas y bautizos, hasta fiestas como las Fallas. Está previsto que el número de visitas de agentes de la inspección crezca este año, después de las 20.000 realizadas en 2012 y las 11.500 de 2011. El objetivo es desincentivar el fraude, más que destapar grandes cantidades de dinero defraudado. Hacienda contacta con padres, vecinos y cónyuges para preguntarles por las empresas que contrataron para sus celebraciones o para realizar alguna obra en la comunidad, y cómo les pagaron.
• Hacienda ha puesto en marcha un plan especial para recatar e intervenir a 113 ayuntamientos que presentan graves problemas en sus finanzas. Se trata de municipios que presentan números rojos continuados, deben cuotas por el IRPF y la Seguridad Social y, además, ya han dejado de abonar intereses del primero fondo de proveedores que se puso en marcha el año pasado. Este programa especial conllevará que Hacienda participará en la elaboración de los presupuestos de los pueblos afectados y controlará directamente su ejecución.
• Los expertos reclaman mayor rigurosidad de los ayuntamientos a la hora de establecer tasas municipales y de fijar su importe. El Registro de Expertos Contables lamenta que la implantación de tasas se realice en muchas ocasiones por urgencias financieras y sin un estudio preciso de los costes de un servicio. En cualquier caso, la falta de rigor se produce en todas las esferas administrativas. Madrid, actualmente, tiene 20 tasas en vigor y Barcelona mantiene 19. En cualquier caso, la Ley de Hacienda Locales ofrece un catálogo de hasta 46 tributos que los municipios pueden establecer en sus ordenanzas fiscales.
• El Estado no recuperará el grueso de lo invertido en la rescate bancario, según los propios cálculos preliminares del FROB. Las cuentas de resultados del FROB, que no son cálculos definitivos,daban por perdidos 36.000 millones de los cerca de 52.000 millones que inyectó al sector hasta 2012. Para llegar a esta conclusión, el FROB realizó una valoración económica de sus participaciones en los bancos nacionalizados. La mayor parte de esas pérdidas es de dinero procedente del rescate, aunque parte viene de las inyecciones de capital anteriores. También los datos de la Asociación Española de Banca, (AEB) van en esta línea. En junio pasado cifró en 33.000 millones las pérdidas reconocidas en la crisis.
• La nueva regulación de pagos SEPA, que es la iniciativa europea para crear una zona única de transacciones en euros, favorecerá la creación de nuevos negocios gracias a una mayor eficiencia en los movimientos de dinero y a la posibilidad de hablar un lenguaje bancario común entre diferentes países. El nuevo sistema supone un ahorro de administración para las empresas por cuestiones prácticas como, por ejemplo, el simple hecho de que con una sola cuenta bancaria sea posible girar cobros a los 33 países del acuerdo SEPA. Además de los 28 Estados miembros, forman parte de esta zona única otros países como Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. El 1 de febrero de 2014 es el plazo límite para que las transferencias y adeudos domiciliados sean reemplazados por los nuevos instrumentos SEPA, y el 31 de octubre de 2016, para aquellos países cuya moneda nacional difiere del euro.
• La Agencia Tributaria ha puesto en marcha un plan para controlar los contribuyentes que utilizan tarjetas de crédito con cargo a cuentas abiertas fuera de España. Para ello, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha formulado requerimientos de información a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y ha detectado que el 50% de los contribuyentes analizados presenta un riesgo de fraude fiscal. Por ejemplo, la Agencia Tributaria ha descubierto que algunos de los contribuyentes que utilizan tarjetas ligadas a cuentas en el extranjero no figuran como residentes en España, a pesar de que sus pagos demuestran lo contrario.
• Las 3.035 Sicav registradas en España seguirán tributando al 1% en el impuesto sobre sociedades después de que se apruebe la reforma fiscal que actualmente está estudiando un grupo de expertos. Fuentes del Ministerio de Hacienda advirtieron que una variación al alza del tipo impositivo provocaría fugas de capitales hacia otros territorios, pero sí que abren la posibilidad a que la supervisión directa de las Sicav vuelva a las manos de la Agencia Tributaria. La nueva obligación de informar de cuentas, bienes y valores en el extranjero reveló que los españoles tienen hasta 87.698 millones situados fuera de España. El 51,1% de esta cifra (44.817 millones) corresponde a valores y derechos.
• Los asesores fiscales han llegado a la conclusión de que muy pocas pymes se acogerán al sistema de caja y creen que esta medida no acabará con la morosidad de manera natural. Asefiget indica que las pymes que se acojan al sistema de caja tendrán la obligación de dar aún más información que la que ya suministran a Hacienda, tanto acerca de quién emite la factura como de quien la recibe. En segundo lugar, señala Asefiget, una pyme no tiene capacidad para obligar a su cliente a no poder descontarse el IVA de la factura recibida aunque aún no lo haya pagado. "Lo más probable es que dicho cliente simplemente cambie de proveedor", subraya.
• Malta ha aprobado conceder la ciudadanía maltesa a toda aquella persona no nacida en un país miembro de la UE que pague 650.000 euros a cambio de ella. El director ejecutivo de la empresa Henley and Partners, el grupo internacional que administrará el plan, ha indicado que se espera que entre 200 y 300 personas compren su ciudadanía al año. Por su parte, el Partido Nacionalista se opone al plan argumentando que no está vinculado a la residencia o la inversión en el país.
• Francia entra en recesión y Alemania crece menos. La economía francesa, primer destino de las exportaciones españolas, se contrajo un 0,1% el trimestre pasado, frente al 0% que esperaban los analistas. Francia, que había salido de la recesión en el segundo trimestre, recibe otra mala noticia después de la rebaja de calificación por S&P la semana pasada y de que la OCDE urgiese a París de la necesidad de una reforma laboral. Por su parte, la locomotora alemana ha aflojado su ritmo de crecimiento. Tras un 0,7% en el segundo trimestre del año, ha recortado al 0,3% el crecimiento del tercer trimestre, debido a la caída de la demanda interna.
• El gobierno recupera el Plan Profarma de ayudas fiscales para las farmacéuticas con producción e investigación en España. En el nuevo plan para 2013-2016 se reconoce la importancia creciente de las empresas biotecnológicas. El instrumento permite a las farmacéuticas “desgravarse parte de las aportaciones que hacen por ventas al sistema nacional de salud”. Soria destacó en el acto inaugural la importancia del nuevo Plan Profarma 2013-2016 puesto en marcha porque permitirá que las compañías farmacéuticas cuenten con una “herramienta financiera estable” que les permita “seguir siendo un aportador neto en términos de empleo, inversión y exportación”.
• El Gobierno estudia medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social con el fin de sanear el sistema. Aunque los responsables del Gobierno no se comprometieron ayer a llevar a cabo ninguna medida concreta, sí se refirieron a la existencia de varias enmiendas parciales al anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que afectan a los ingresos y que serían las que están dispuestos a estudiar en el Ejecutivo. Una medida propone dejar de financiar con cotizaciones sociales los más de 20.000 millones que cuestan las pensiones de viudedad y orfandad anualmente y pasar, de forma paulatina, a pagarlas con impuestos generales. Otra enmienda propone pasar a financiar también con impuestos los gastos de gestión de la Seguridad Social (unos 3.000 millones) o el aumento progresivo de las cotizaciones del régimen de trabajadores autónomos para equipararlos al de los asalariados, que pagan cuotas muy superiores.
• Cataluña aplicará una deducción fiscal de hasta el 50% -ahora es del 30%-, con un límite de 12.000 euros, en el IRPF a las 'startups' para fomentar la creación de estas empresas, según ha informado Presidencia en un comunicado, la medida busca dar una señal dentro de las restricciones presupuestarias.
• El 80% de las empresas no paga intereses de demora por la morosidad, según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Por eso demanda que se cree un régimen sancionador con multas “disuasorias” para los que no pagan (“la idea es no tener que usarlas, pero que funcionen, como en Francia”). Porque no sólo ocurre que los intereses de demora no se pagan. Es que ni se piden. De hecho, Cañete apunta que el 54% de las empresas nunca los demanda a sus clientes morosos. El 23%, casi nunca. O sea, el 77% los da por perdidos, según una encuesta de la Plataforma. “la falta de mecanismos eficaces” para obligar a atenerse a los plazos legales de pago lastra el tráfico mercantil y “provoca uno de cada tres cierres empresariales”.
• El PP ha presentado una enmienda a los Presupuestos para restringir el acceso a la formación en las empresas de uno a cinco trabajadores. Ha propuesto la eliminación de bonificación de 420 euros que reciben las firmas más pequeñas con el argumento de que “las evaluaciones realizadas han puesto de manifiesto [...] que la formación no está alcanzando la calidad necesaria pese a su mayor coste”. La iniciativa del PP ha provocado la reacción de Cepyme. Además de la calidad, argumenta su enmienda en que el sistema empleado hasta ahora ha generado “una proliferación excesiva de entidades organizadoras (cerca de 7.000) que no siempre procuran la formación adecuada”.
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