Resumen informativo a 10 de Enero

La subida del impuesto sobre el alcohol

aprobada a finales de junio solo ha aportado siete millones adicionales a las arcas públicas hasta noviembre. Resulta improbable que, a falta de conocer los datos de ejecución presupuestaria de diciembre, se cumpla la estimación de Hacienda. “El impuesto sobre el alcohol continúa sufriendo la repercusión del acaparamiento previo al aumento de tipos en julio y, a pesar de ser noviembre el primer mes con ingresos derivados de dicha subida, los ingresos han caído un 13,5%”, reconoce el informe de la Agencia Tributaria.

La inflación anual estimada del IPC en diciembre de 2013 es del 0,2%,

de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría el mantenimiento de su tasa anual, ya que en el mes de noviembre esta variación fue del 0,2%.

La Generalitat de Cataluña está buscando el encaje legal

de la tasa que quiere aplicar a los bancos que tengan pisos vacíos en función de la superficie que sumen. El nuevo gravamen, que el Gobierno catalán no ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para asegurarse de que no puede ser llevado al Tribunal Constitucional. El nuevo gravamen aún se está estudiando, pero el secretario de Vivienda adelantó que su importe “puede ser el que salga de duplicar el recibo del IBI actual”. Terrassa ya ha multado a las entidades que mantienen pisos vacíos desde hace más de dos año.

Una desempleada no puede alegar la lactancia para rechazar un trabajo

El TSJ de Andalucía ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una desempleada que vio como el Juzgado de lo social número 1 de Ceuta suspendió su derecho al subsidio, durante tres meses, por rechazar una oferta adecuada de empleo alegando ésta que se encontraba en periodo de lactancia natural. El juez, de hecho, añade que la desempleada debería haberse incorporado al puesto de trabajo para que, una vez llegase a conocer las condiciones del mismo, pudiera haber planteado el reconocimiento del derecho alegado o, en otro caso, solicitar la limitación de la jornada de trabajo por lactancia de un menor de nueve meses.

Las resoluciones del TS sobre asuntos civiles se han centrado en 2013

en la responsabilidad de los administradores en el caso de concursos culpables, la calificación de los créditos o los contratos de derivados. A lo largo de 2014, el Alto Tribunal empezará a sentar jurisprudencia sobre los últimos aspectos que se han incluido en la reforma concursal de 2013, como los acuerdos de refinanciación o los preconcursos. “El derecho a la información de los accionistas en la legislación española genera bastante incertidumbre”, señala Gómez, que considera que “éste es un campo propicio para que las dudas lleguen hasta el Supremo”. Seguirán los temas de ejecuciones hipotecarias y “empezarán a llegar de forma masiva los casos de productos financieros de riesgo”.

España reducirá sus costes laborales unitarios un 1,3% en 2014,

después de haberlos rebajado un 2,6% en 2013 para ganar competitividad, mientras que en el conjunto de los países de la OCDE se producirá un incremento del 0,8%, frente al 1,1% del pasado año, según indica el IEE  a partir de datos de la OCDE. Los únicos descensos de los costes laborales unitarios en 2014 se localizarán, además de en España, en Portugal (-1,1%) y Grecia (-5,9%).

El colectivo de empleadas del hogar

denuncia una precarización tras la entrada en vigor del nuevo régimen hace dos años. El primer año de aplicación las altas aumentaron significativamente, con más de 100.000 nuevas afiliaciones, cuando el empleo en el sector estaba estancado. Pero conforme pasan los meses el crecimiento de cotizantes tiende a cero. En diciembre, las 423.821 empleadas registradas de media suponían solo un 1,9% más que el año anterior. Según la Encuesta de Población Activa, el número total de personas que trabajan en el servicio doméstico es de 679.600 en el tercer trimestre de 2013.

La era del cambio de los modelos retributivos

Aunque se empieza a romper el mutismo cuando se pregunta por incrementos salariales, el sueldo previsto para 2014 sufrirá pocas variaciones: un 2% en las organizaciones que lo tienen presupuestado. El 32% de las empresas ha optado por la congelación salarial durante el año pasado como alternativa para salvar la incertidumbre económica, frente al 16% que lo hizo en 2012, según la consultora Mercer. Se observa un aumento considerable del incentivo a largo: «Este último se ha afianzado como alternativa para compensar el menor pago de la retribución variable a corto plazo, debido a la dificultad para la consecución de resultados en estos últimos años». «Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2013, se consideran computable s en la base de cotización determinados conceptos que tradicionalmente habían quedado excluidos al tratarse de beneficios sociales otorgados voluntariamente por las empresas. Con esta modificación, una compañía que estuviera dando a sus empleados vales de comida, un seguro médico o aportaciones a un plan de pensiones, verá incrementados sus costes salariales en un 30% del importe destinado a estos productos.

Las deudas pendientes de cobro en la Hacienda

alcanzan los 25.200 millones de euros en 2012, de acuerdo con la última memoria publicada por este organismo. Estos posibles impagos subieron en 3.800 millones respecto al anterior ejercicio (un 17,8% más), en una tendencia al alza que se ha acelerado desde que empezó la crisis. «Además, Hacienda, al contrario que los bancos, no puede elegir a sus clientes, por lo que su posición es más débil a la hora de gestionar las deudas». Parte de este volumen de deuda depende de la gestión que Hacienda hace de los cobros de otros organismos, como las multas de Tráfico. Así, 2.900 millones corresponden a las deudas que los ciudadanos tienen con otros entes, una cifra que ha crecido un 13,5% respecto al año anterior. España concentra más de la mitad de las deudas trib utarias de dudoso cobro en la Unión Europea, 8.993 millones de euros (un 54,9%) frente a 16.386 millones en el conjunto de los países, según la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

La ampliación de los conceptos imputables a la base de cotización supondrá

“un sustancial e inmediato aumento de los ingresos que recauda la Tesorería mes a mes”, según fuentes conocedoras del sistema de Seguridad Social. Si bien no han cuantificado su impacto en dinero, alegando que hasta ahora esta parte de las retribuciones no era comunicada por los empresarios a las arcas del sistema; por lo que no se puede evaluar aún a cuánto ascenderá el aumento de los ingresos. Es más, el impacto de este cambio en las nóminas no se sabrá certeramente hasta bien entrado el año, ya que  una resolución del Director General de la Tesorería de la Seguridad Social autorizará “el ingreso sin recargo de las cuotas derivadas por dichos conceptos de cotización hasta el 31 de marzo de 2014”.

CCOO considera que el anteproyecto de ley de mutuas insinúa un modelo dual sanitario,

uno para trabajadores en activo gestionado principalmente por las mutuas y otro para el resto de la población. Al tiempo que deja al mercado la actividad preventiva, a la que este texto también da el último aldabonazo, obligando a las mutuas a desprenderse de sus activos en las sociedades de prevención antes de finales de 2014, para dejar en manos de la libre competencia del mercado la mayor parte de la actividad preventiva de las empresas.

Industria ha publicado una corrección de errores del decreto del carbón

que eleva en un 6,3% la quema de mineral autóctona en las centrales eléctricas para producir energía. El texto original del 2 de enero se fijaba un recorte similar en el volumen de mineral. Industria también ha corregido los precios del megavatio hora producido a partir de carbón autóctono, en este caso para reducirlos.

El Tribunal Supremo respalda la reforma laboral

y reclama a los jueces que no entren a valorar e interpretar las causas que alegan las empresas para realizar un ERE, ya que la norma sólo les habilita a verificar que estas causas existen.En definitiva, subraya el Alto Tribunal, «no corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acorda dos»

La Federación Europea de Traders de Energía

(EFET), que agrupa a más de 100 de estos agentes, activos en 27 países, advirtió ayer al Ejecutivo que injerencias como la suspensión de la subasta eléctrica, además de dañar sus intereses, no hace sino elevar los riesgos regulatorios y, con ello, los precios finales. “La incertidumbre regulatoria, como el caso de la inesperada cancelación de la subasta, desincentiva la participación en el mercado y crea un riesgo regulatorio adicional que se incorpora a los precios y que soportan los consumidores finales”, afirmó en un comunicado.