El Gobierno Catalan aprueba un Decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal
Se trata de dar respuesta a las dificultades económicas del sector del turismo en Cataluña como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia.
Proteger los trabajadores con mayor precariedad laboral que este año se han tenido que acoger a un ERTE, se encuentran en paro o que han encadenado varios contratos para la actual situación provocada por la COVID-19.
Por un lado, el Ejecutivo Catalan ha acordado un nuevo aplazamiento de la puesta en marcha del incremento de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y, por otro, ha aprobado una deducción autonómica en el IRPF para las rentas laborales / salariales más bajas.
Regulación del IRPF
La regulación actual del IRPF establece que no están obligados a presentar la declaración los contribuyentes que hayan percibido rendimientos íntegros del trabajo de un mismo pagador por importe inferior a 22.000 euros brutos anuales.
En cambio, si los rendimientos de dos o más pagadores, la declaración deberá presentarse a partir de 14.000 euros brutos anuales recibidos. Es el caso de los trabajadores que, durante el 2020, habrán cobrado una parte del sueldo de su empresa y otra del Estado, en forma de prestaciones contributivas derivadas de situaciones de ERTE o la prestación correspondiente por haberse quedado en el paro.
Para evitar que estos trabajadores se vean penalizados, el Gobierno Catalan ha creado una deducción autonómica del IRPF equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra estatal, siempre que esta diferencia sea positiva. En otras palabras, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán.
Se estima que esta medida podría beneficiar a unas 250.000 personas en Cataluña y que la pérdida de ingresos para la Generalitat será de unos 16,3 millones de euros en el presupuesto de 2022.
Fuente: gencat.cat
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