EL IVA se incrementará mas pronto que tarde

La dependencia de España respecto a Bruselas deberia ser evidente después de la crisis. Por tanto, no es desarcetado pensar que, diga lo que diga nuestro ministro de economia, sus recomendaciones serán atendidas más tarde o más pronto.

Dentro de las recomendaciones fijas en todos los informes de los organismos internacionales como por ejemplo el FMI o más interesante aún la Comisión Europea sobre España se refieren al aumento del IVA. Más en concreto, a la supresión gradual de los tipos reducido (10%) y superreducido (4%) de este gravamen. Una medida a la que hasta ahora los distintos gobiernos se han negado. Sin embargo, este consejo se enmarca en la apuesta de estas instituciones por incrementar más la tributación indirecta (más regresiva al gravar por igual independientemente de la renta del contribuyente) en detrimento de la directa, donde prima la progresividad en función de la riqueza de cada persona.

Por ese motivo en sus propuestas, además del IVA, también defienden incrementar el gravamen sobre los hidrocarburos (otro tipo de impuesto indirecto), especialmente el diésel para fomentar el uso de combustibles menos contaminantes.
En cualquier caso, las recetas impositivas de la crisis han ido en ese sentido, como demuestra que en la mayoría de los países de la zona euro -España incluida- hayan incrementado el IVA durante ese periodo y al mismo tiempo hayan aprobado rebajas en los tipos de Sociedades.

Los impuestos directos siguen aportando la mayor parte de la recaudación en España debido al enorme peso del IRPF en el sistema fiscal. Sin embargo, la presencia de la tributación directa se ha reducido de forma significativa durante la crisis. Así, mientras que en 2007 sus ingresos suponían el 59,8% del total una década después su peso en la tarta fiscal se reduce sensiblemente al 53%, según datos de la Agencia Tributaria.
Por su parte, la imposición indirecta ha vivido el camino contrario. Antes de la crisis su recaudación representaba el 39,3% del total y en 2017 se elevará hasta el 45,7%

La unión Europea alerta de la necesidad de un nuevo esfuerzo.

Ese esfuerzo para la Unión Europea España es de 10.000 millones repartido en dos años. La imposición indirecta es la via para conseguirlo.  

La Unión propone reducir el número de bienes y servicios que se benefician de un tipo de IVA reducido como ocurre con la alimentación, el transporte de viajeros o los restaurantes. Además, la Comisión reitera la necesidad de realizar controles "estrictos" a todos los niveles del gobierno y de reforzar la vigilancia sobre las licitaciones públicas.

MÁS TRANSPARENCIA

"El número de malas prácticas que han tenido un impacto en la aplicación de la legislación europea han sido significativas. Los datos muestran que hay disparidades en la implementación de los contratos públicos", alerta la Comisión Europea que critica el hecho de que España siga publicando pocas licitaciones y negociando de tapadillo muchos contratos. "Esto se traduce en menos competencia con implicaciones en un gasto gubernamental mayor", señala el documento de recomendaciones.

Bruselas basa estos nuevos objetivos en sus nuevas estimaciones de crecimiento. Considera que la economía española avanzará un 2,9% este año aunque se frenará en 2017 y 2018 con crecimientos del 2,3 y 2,1% respectivamente. Es decir, el avance seguirá siendo robusto pero con incertidumbres en el horizonte derivadas del proceso del 'brexit' que podría tener implicaciones "para el comercio y la demanda doméstica".

Además de un borrador de presupuesto, el Gobierno español también tendrá que remitir en paralelo un informe con los esfuerzos presupuestarios necesarios en el que tendrá que detallar los objetivos en materia de gasto e ingresos y concretar las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones europeas. Solo si ambos ejercicios son satisfactorios y España responde a tiempo, parte de los fondos estructurales comprometidos para el 2017 se verán liberados. Un incentivo suficiente, a juicio del Ejecutivo comunitario, para que Madrid haga los deberes. Aunque no es el único as que se guarda la Comisión Europea. “No es el final de la historia”, recordaba hace unos días el comisario Pierre Moscovici. Y es que, si Madrid sigue sin cumplir el siguiente paso será aún más doloroso: una multa automática del 0,5% del PIB o 5.000 millones de euros, aunque la Comisión ya ha explicado que no hay una fecha concreta para ello. En todo caso, es una posibilidad real que pende sobre la cabeza del futuro Gobierno.