LA NUEVA EXCLUSIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IVA AGRARIO EN LA ESTIMACIÓN OBJETIVA 2025
La Orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre, publicada en el BOE el pasado 30 de noviembre, ha introducido una novedad relevante, aunque insuficiente, para el mundo rural: la compensación del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA (REAGP) deja de computarse como ingreso a efectos del cálculo del límite de 250.000 euros que determina la inclusión en el método de estimación objetiva (módulos) en el IRPF para el año 2025.
Sobre el papel, esta medida podría parecer un alivio para muchos agricultores y ganaderos, pero si se analiza con perspectiva, se trata más bien de un ajuste técnico que no soluciona el verdadero problema estructural de fondo: la rigidez del sistema de módulos, la falta de equidad en su aplicación y la creciente desprotección de las explotaciones familiares en el entorno rural.
Un cambio parcial, de efecto limitado
Efectivamente, el artículo 3.1.b) de la Orden establece que no se computarán como ingresos ni la compensación del REAGP, ni las subvenciones corrientes o de capital, ni el IVA ni el recargo de equivalencia, lo que supone una rectificación respecto a ejercicios anteriores. Pero este cambio llega tarde y se queda corto.
No computar la compensación del REAGP es lógico y hasta necesario, pues esta figura actúa como una devolución implícita del IVA soportado, y no como un ingreso real derivado de la actividad económica. Contabilizarla como ingreso distorsionaba artificialmente los umbrales y llevaba a muchas pequeñas explotaciones a salir forzosamente del sistema de módulos.
Una carga que sigue siendo desproporcionada
Sin embargo, la realidad es que la estructura de control del sistema sigue penalizando a pequeños agricultores y ganaderos con explotaciones modestas, especialmente cuando existen entidades familiares, actividades accesorias, o explotaciones en régimen de aparcería.
La inclusión en el cálculo de ingresos de las actividades del cónyuge, ascendientes, descendientes, e incluso entidades en atribución de rentas vinculadas, genera una acumulación artificial que desnaturaliza el concepto de "volumen de actividad" real del titular agrario. Esta lógica punitiva, lejos de fomentar la continuidad de las explotaciones familiares, condena a muchas unidades productivas al régimen de estimación directa, con un coste fiscal y administrativo insostenible.
Inseguridad jurídica y complejidad creciente
El nivel de detalle y excepciones contempladas en la Orden HAC/1347/2024 refleja una creciente complejidad normativa, que contradice el espíritu simplificador del sistema de módulos. ¿Cómo puede hablarse de estimación objetiva cuando el agricultor o ganadero debe analizar libros, ingresos agrupados de familiares, regímenes especiales, exclusiones del REAGP, y relaciones entre epígrafes de IAE para valorar su inclusión?
Esta deriva normativa solo aumenta la inseguridad jurídica de quienes menos capacidad técnica y asesoramiento tienen para cumplir adecuadamente. Una explotación rural no Una oportunidad de reforma perdida
En lugar de avanzar hacia un sistema más justo, progresivo y realista, el Gobierno se limita a introducir pequeños parches que maquillan el desajuste entre fiscalidad y realidad económica del campo español. Se necesitaba una reforma profunda:
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Un sistema de módulos más flexible, adaptado a la estacionalidad y volatilidad del sector.
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Límites de exclusión basados en beneficios reales y no en magnitudes acumuladas.
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Una simplificación del tratamiento de actividades accesorias y familiares.
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Y sobre todo, mayor protección fiscal a la explotación familiar agraria, que es la que mantiene vivo el medio rural.
Conclusión
El cambio introducido por la Orden HAC/1347/2024 es bienvenido, pero insuficiente. Si el objetivo era proteger a los pequeños productores del entorno rural, la Administración ha vuelto a fallar en su diagnóstico y en sus soluciones.
Es hora de dejar de parchear el sistema y empezar a repensarlo desde una perspectiva de justicia fiscal, sostenibilidad agraria y cohesión territorial. Porque cada vez que un agricultor se ve obligado a abandonar los módulos o a cerrar su explotación por trabas fiscales, perdemos todos: como país, como sociedad y como economía.
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