Aplicación del criterio fiscal sobre liberalidades

La controversia surge a raíz de una inspección fiscal que detecta salidas de fondos desde una sociedad vinculada al contribuyente sin una justificación económica o contractual válida. La Inspección de Hacienda califica estos movimientos como una "liberalidad" y los imputa en el IRPF del recurrente como una renta no justificada, ascendiendo a un importe de 691.884,26 euros.

Fundamento de la regularización

La clave del caso radica en determinar si la salida de fondos constituye una liberalidad y, por lo tanto, debe tributar en el IRPF del contribuyente.

1. Calificación como liberalidad

   • El contribuyente sostiene que no se ha probado el "animus donandi", es decir, la intención de donar.
   • Sin embargo, la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio de la Inspección y del TEAC, señala que para efectos fiscales no es necesaria la intención de donar, sino que basta con que se trate de una transferencia patrimonial sin justificación y sin contraprestación.
   • Se aplica el artículo 13 de la Ley General Tributaria (LGT), que permite calificar los actos o negocios jurídicos conforme a su verdadera naturaleza económica y no a la denominación que les den las partes.

2. Ausencia de reciprocidad en la operación

   • No existe correlación entre ingresos y gastos.
   • La salida de fondos no responde a una contraprestación ni a una obligación contractual.
   • No se ha acreditado que el contribuyente haya recibido un servicio, bien o contraprestación equivalente a la cantidad retirada.

Por estos motivos, la Audiencia Nacional confirma la calificación efectuada por la Inspección, considerando que la salida de fondos sin justificación económica se debe tratar como una liberalidad y, por lo tanto, tributa en el IRPF del beneficiario.

Sanción impuesta

Además de la regularización fiscal, la Inspección impuso una sanción tributaria basada en la existencia de dolo o culpabilidad por parte del contribuyente.

• Se argumenta que el contribuyente conocía la irregularidad de los movimientos y omitió su inclusión en la declaración del IRPF de 2011.
• La concurrencia de dolo o culpa es un requisito esencial para la imposición de sanciones según el artículo 183 de la LGT.
• La Audiencia Nacional concluye que los hechos acreditados por la Inspección justifican la imposición de la sanción, la cual es confirmada.

Conclusión y relevancia del caso

1. Confirmación del criterio fiscal sobre liberalidades

   • La sentencia refuerza el criterio de la Administración Tributaria en la calificación de salidas de fondos sin causa justificada como liberalidades.
   • No es necesario acreditar el ánimo de donar, sino simplemente la ausencia de justificación y reciprocidad.

2. Importancia del artículo 13 LGT

   • La Administración tiene la facultad de calificar jurídicamente las operaciones de acuerdo con su realidad económica, independientemente de la denominación que le den las partes.

3. Riesgo de sanciones en casos de retiros no justificados

   • Este caso pone de manifiesto la importancia de justificar adecuadamente las salidas de fondos de una sociedad para evitar su calificación como renta no declarada y la consiguiente imposición de sanciones.