INFORMACION FISCAL A 17 ABRIL 2015

Gestha: Rato habría blanqueado dinero entre 2004 y 2007, cuando presidía el FMI

Mollinedo cree que el "plus de confidencialidad" que se otorgó en la amnistía pudo favorecer que se usara para el blanqueo.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha situado el eventual blanqueo de capitales del exministro Rodrigo Rato entre los años 2004 y 2007, coincidiendo con su presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Rato forma parte de los 705 contribuyentes de la lista que la Agencia Tributaria envió al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) de beneficiaros de la amnistía fiscal con indicios de blanqueo de capitales.

En declaraciones a Europa Press, Mollinedo ha explicado que el indicio de blanqueo nace de la idea de que los bienes procedieran de actividades ilícitas y que se debieron a los años a los que no se refería la amnistía fiscal.

La amnistía, aprobada en 2012, permitía declarar rentas y bienes de los años 2008, 2009 y 2010. Esto permite que pensar que las sospechas de blanqueo de Rato tienen que referirse a años anteriores.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que la lucha contra el fraude fiscal está "por encima de amigos" y "compañeros".

Montoro ha dicho que el personal de la AEAT tiene que investigar "sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el nombre o los apellidos de los posibles defraudadores".

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados que convalida la oferta de empleo pública extraordinaria, Montoro insistió en que la lucha contra el fraude y el delito fiscal "ha sido una constante y lo va a seguir siendo".

"Muchas personas se escandalizan y atacan al Gobierno cuando, en los medios de comunicación, aparecen informaciones sobre las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria en las que incluso aparecen nombres de personas de relevancia social", afirmó Montoro.

La recuperación Sector de la construcción comienza a trasladarse al empleo.

Desde que se inició la crisis en 2008, el único movimiento que se detectaba en el ladrillo era, claramente contractivo, con cifras especialmente alarmantes: la construcción perdió cerca de 2 millones de empleos en seis años (en torno a 6 de cada 10 puestos de trabajo destruidos durante la crisis han sido en la construcción) y en la primera parte de 2014, en su cota más baja, ocupaba a algo más de 900.000 personas.

Pero este sector, después de vivir más que un fuerte ajuste que se llevó al resto de la economía por delante, ha comenzado a dar cierto empuje a la recuperación y últimamente también está mostrando mejor cara en el mercado laboral.

La inversión residencial ha crecido un 0,4% intertrimestral en los tres últimos meses de 2014 y ha sumado cuatro trimestres consecutivos en positivo. Además, el valor añadido bruto del sector, que llevaba años en barrena, creció un leve 0,02% en el tercer trimestre de 2014 y aumentó un 3,4% en el cuarto.

Este tirón ha tenido reflejo en el empleo. Según la última Encuesta de la Población Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, los parados de la construcción han pasado de 1,857 a principio de 2013 (en su nivel más alto) hasta 1,43 millones a finales de 2014. Es decir, esta cifra se ha reducido en 427.000 personas. Además, el número de ocupados ha crecido en cerca de 100.000 personas desde su punto más bajo hace un año.

Cuatrecasas acepta dos años de cárcel tras devolver a Hacienda 4,1 millones

Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete de abogados que lleva su nombre, ha aceptado una condena de dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones, tras devolver 4,1 millones a Hacienda, a la que defraudó deduciéndose gastos personales mediante un entramado de "negocios simulados".

Tras años de investigación, llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, el experto en asesoría fiscal ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el ministerio público, al que ha tenido acceso Efe, por el que reconoce ocho delitos contra la Hacienda Pública y acepta una condena de tres meses de cárcel por cada uno de ellos y una multa de 1,5 millones de euros