El déficit comercial español alcanzó los 22.650,1 millones de euros en los once primeros meses del año pasado, el 60,3% más que en el mismo periodo de 2013.
Pese a que las exportaciones españolas de mercancías crecieron el 2,2% interanual hasta noviembre, hasta los 220.682,3 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico desde 1971, las importaciones se incrementaron el 5,8% en el mismo periodo y sumaron 243.332,4 millones, según el informe hecho público hoy por el Ministerio de Economía y Competitividad.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido hoy en Washington de los riesgos a los que se enfrenta la economía mundial pese a la caída de los precios del crudo y al crecimiento más rápido que experimenta EEUU.
Christine Lagarde considera que aún hay muchos países con bajo crecimiento, alto desempleo y deuda excesiva y que la economía mundial se enfrenta a un "fuerte viento en contra".
En su discurso, la directora gerente del FMI ha instado a los bancos centrales a mantener políticas acomodaticias de tipos de interés bajos y ha pedido a los Gobiernos la aplicación de medidas fiscales y reformas que impulsen el crecimiento y la creación de empleo, como los proyectos de obras públicas.
Según Lagarde, la caída de los precios del petróleo ofrece una oportunidad para incrementar los impuestos sobre la energía, reducir los subsidios para las empresas energéticas y transferir los ahorros a los menos favorecidos. "2015 debe ser el año de la acción", ha enfatizado la directora gerente del FMI.
La riqueza financiera neta de las familias, que es la diferencia entre los ahorros que poseen y los préstamos que tienen concedidos, cayó ligeramente en septiembre de 2014 hasta 1,134 billones de euros, tras marcar el trimestre anterior un récord histórico en 1,136 billones de euros.
Según los datos publicados hoy por el Banco de España, la riqueza neta de los hogares españoles se elevó el 22,5% en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando sumaba 925.597 millones de euros.
Los activos financieros de los hogares españoles -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- se situaron a cierre de septiembre en 1,951 billones de euros, en tanto que los pasivos, o deudas acumuladas por las familias alcanzaron los 817.863 millones de euros.
Los tribunales se enfrentan a un aumento de la litigiosidad en el ámbito laboral, pero también a casos en los que tanto empresas como empleados se agarran a la letra pequeña para inclinar la norma a su favor.
En un marco económico ya de por sí delicado, la reforma laboral ha disparado la litigiosidad entre empresas y empleados. Ambas partes buscan en la letra pequeña de la norma un resquicio que haga prosperar su causa.
Aunque son los jueces los que sentencia a sentencia van definiendo los claroscuros de la ley, cada vez se enfrentan a situaciones más peculiares, en los que la picaresca es la gran protagonista. Aunque la anulación de algunos expedientes de regulación de empleo, como el de Coca-Cola, Unipost o Radio Televisión Valenciana, son los que ocupan las portadas, en los juzgados la casuística va mucho más allá de la anulación de un ERE por defecto de forma.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de declarar que existe fraude en la iniciativa de una compañía que, amparada por la nueva normativa laboral, puso en marcha un ERE y utilizó las indemnizaciones de los trabajadores para volver a crear la misma empresa.
Aunque se han reducido los obstáculos regulatorios, el Banco de España insiste en un informe en la necesidad de superar escollos como el sistema de licencias o la norma de servicios profesionales.
La iniciativa empresarial sigue encontrando algunas barreras legales en España, donde el grado de complejidad regulatoria se ha mantenido en los últimos 15 años por encima de las principales economías europeas (Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña) y el promedio de la OCDE.
Así lo recoge un reciente informe del Banco de España en el que se atribuye esta situación a "un sistema de licencias y autorizaciones más costoso, en el que no se habrían producido mejoras desde 2003".
Bajo el título La regulación en el mercado de productos en España según los datos de la OCDE, el informe sostiene que, aunque la Ley Paraguas de 2009 introdujo las ventanillas únicas para facilitar que las empresas cumplieran con la legislación por medios electrónicos en su contacto con la Administración, el uso de éstas no se ha generalizado.
En este sentido, el Banco de España pone de relieve que, a diferencia de lo que sucede en otros países, "estas instituciones son meramente informativas y no permiten la aprobación de todos los documentos requeridos para abrir una empresa, ni estos pasos son siempre accesibles vía Internet".
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